jpenafiel Resultados de la PAES 2024: El Fracaso de la Educación Pública y la Brecha Social en Chile»
Juan Alfonso Peñafiel R. Enero 2025
Fundación CIAPE educación y tecnologías
Aunque, en lo personal, abogamos por una educación personalizada en la que la neurociencia cognitiva y la inteligencia artificial nos proporcionen valiosa información sobre cada estudiante, permitiéndonos afirmar que debemos alejarnos de las calificaciones y los exámenes, tanto en el aula como los estandarizados, creemos que es prudente reflexionar sobre los resultados de la PAES 2024. Estos resultados, que estamos seguros se repetirán con las mismas derivaciones negativas en 2025 y que no son exclusivamente académicos, sino que tienen un alto componente económico, con una incidencia decisiva en la realidad social del país.
Los resultados evidencian la persistente crisis y el fracaso de la educación pública municipal chilena en general, no solo de ciertos institutos o de los llamados liceos bicentenarios. Son una muestra clara de una de las aristas negativas más preocupantes del Chile de ayer, de hoy y del futuro: las desigualdades manifiestas en todas las áreas del quehacer social.
Esta situación, que se ha mantenido a lo largo de los años y que antes se manifestaba en la PAA, la PTU y la PSU, revela que la «calidad educacional» va más allá del puntaje obtenido. La crisis educativa es un fenómeno multidimensional que abarca factores sociales, familiares, institucionales, de infraestructura y presupuestarios, además de la formación universitaria de las y los profesores, sus salarios, los contenidos, las metodologías y el acceso a tecnologías e Internet, entre otros. Los patrones históricos que configuran la brecha entre los colegios privados y públicos siguen siendo abismales, evocando lo sucedido durante las décadas de dictadura y continuando en democracia desde 1990.
De los 100 colegios con mejor rendimiento, el 98% son privados, según un informe de la Universidad Católica y datos del DEMRE, con una matrícula promedio de 600 mil pesos, concentrados en las comunas del sector oriente de la Región Metropolitana. En este contexto, la «crisis educacional» parece ajena a ellos. Por otro lado, solo un par de instituciones, una subvencionada con matrícula promedio de 200 mil pesos y una municipal con un aporte estatal de entre 90 mil y 215 mil pesos por alumno, claramente insuficientes, logran infiltrarse en esta élite. Además, el 75% de los estudiantes hombres siguen obteniendo los mejores puntajes.
Las dificultades son ampliamente reconocidas y existen evidencias claras al respecto, pero las soluciones siguen eludiéndonos. Algunas voces, como la de la candidata Matthei, sugieren que el problema radica en la reforma educacional de 2016 y en el actual «sistema de admisión», que, según ella, ha «sepultado la esperanza y el futuro de miles de jóvenes». Otros argumentan que las protestas estudiantiles y los “overoles blancos” o la pandemia del COVID son las principales causas.
En las últimas décadas hemos visto tres intentos significativos de reforma al sistema educativo: la ENU de Salvador Allende, que no alcanzó a materializarse; la reforma dictatorial de 1981, que desmanteló la educación pública y abrió las puertas a la privatización; y el fallido intento de reforma de Michelle Bachelet en su segundo mandato. Lamentablemente, hasta ahora no hemos logrado avances significativos.
Sin embargo, cabe preguntarse si los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública) que se están implementando en Chile, y que según The Clinic tuvieron el desempeño más bajo en promedio (menos de 600 puntos), junto con los de administración delegada (técnicos profesionales del Estado financiados mediante convenios con entidades privadas), realmente representan una solución viable. A mi juicio, la respuesta es que la solución a estos resultados requiere un enfoque más amplio e inclusivo, un cambio transformador que redefina el sentido último de la educación. Este cambio debe involucrar voluntad política para una estrategia de proyección, enfocada en lo que queremos para Chile, su futuro cercano y la digitalización del país. En este marco, es fundamental establecer políticas educacionales claras, definir el rol de los SLEP, de los establecimientos educacionales, de los contenidos y metodologías, así como el rol de los profesores y alumnos, el uso de tecnologías y la inteligencia artificial, entre otros.
La falta de resolución a este problema educacional y a las desigualdades sociales, que según Naciones Unidas se define como «la ausencia de condiciones similares de acceso y ejercicio de los derechos para las personas» plantea interrogantes sobre si será fruto de la indolencia y desidia de la clase política y en ¿cuánto tiempo tomaría superar la crisis de la educación pública si los hijos de ministros y parlamentarios fueran obligados a asistir a colegios públicos? Tal vez el problema sea aún más complejo, ya que podría implicar una política estructural de Estado (heredada desde la colonia hasta nuestros días), no declarada abiertamente, pero que en la práctica mantiene las desigualdades sociales. Esta situación amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas y los estudiantes. Esto condena a los jóvenes de sectores públicos a futuros laborales precarios y mal remunerados, mientras los estudiantes de colegios privados acceden a altos cargos y mejores oportunidades. Estamos, en definitiva, ante un modelo de educación bancaria, tal como lo describió Paulo Freire, alejado de una educación que promueva libertad y oportunidades para los estudiantes del sector público.
